La Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 prohíben la discriminación de personas con discapacidades mentales que, por lo demás, estén cualificadas, en ámbitos como el empleo, la educación y la atención médica. Sin embargo, el Congreso excluyó explícitamente la pedofilia de la protección de estas dos leyes cruciales.
Es hora de revisar estas exclusiones categóricas. Sin protección legal, un pedófilo no puede arriesgarse a buscar tratamiento ni a revelar su condición a nadie para obtener apoyo. Podría perder su trabajo, y sus futuras perspectivas laborales, si se le ve en una sesión de terapia de grupo, si pide un ajuste razonable para tomar la medicación o ver a un psiquiatra, o si solicita un límite en su interacción con los niños. Aislar a las personas del empleo y el tratamiento adecuados sólo aumenta su riesgo de cometer un delito.
No hay duda de que la ampliación de las protecciones de los derechos civiles a las personas con pedofilia debe sopesarse con las necesidades de salud y seguridad de los demás, especialmente de los niños. Es lógico que un pedófilo no deba ser contratado como profesor de primaria. Pero tanto la A.D.A. como la Ley de Rehabilitación contienen exenciones para las personas que «no están cualificadas de otro modo» para un trabajo o que suponen «una amenaza directa para la salud y la seguridad de los demás» que no puede eliminarse mediante un ajuste razonable. (Por eso los empresarios no tienen que contratar a conductores de autobús ciegos o a guardias de seguridad mentalmente inestables).
El análisis de la amenaza directa rechaza la idea de que los empresarios puedan basarse en generalizaciones; deben evaluar el caso concreto y basarse en pruebas, no en suposiciones. Aquellos a los que les preocupa que los empresarios se vean obligados a contratar a pedófilos peligrosos deberían fijarse en la jurisprudencia sobre el VIH, en la que durante años los tribunales se mostraron muy conservadores y se inclinaron por considerar que existía una amenaza directa, incluso a finales de la década de 1990, cuando las autoridades médicas estaban de acuerdo en que las personas con VIH podían trabajar con seguridad, por ejemplo, en los servicios de alimentación.
La eliminación de la exclusión de la pedofilia no socavaría la justicia penal ni su función de respuesta al abuso infantil. No facilitaría, por ejemplo, que alguien acusado de pederastia se declarara inocente por razón de demencia.
Un pedófilo debe ser considerado responsable de su conducta, pero no de la atracción subyacente. Argumentar a favor de los derechos de grupos despreciados e incomprendidos nunca es popular, sobre todo cuando se les asocia con un daño real. Pero el hecho de que la pedofilia sea tan despreciada es precisamente la razón por la que nuestras respuestas a ella, en materia de justicia penal y salud mental, han sido tan incoherentes y contraproducentes. Reconocer que los pedófilos tienen un trastorno mental y eliminar los obstáculos para que se presenten y busquen ayuda, no sólo es lo correcto, sino que también haría avanzar los esfuerzos para proteger a los niños del daño.