Declaración preparada del senador Chuck Grassley de Iowa
Presidente de la Comisión Judicial del Senado
El papel de los jueces del Tribunal Supremo
Martes, 15 de marzo de 2016
Señor Presidente, el próximo juez del Tribunal Supremo podría cambiar drásticamente la dirección del Tribunal. Y la mayoría de este órgano cree que no se debe negar al pueblo estadounidense la oportunidad de opinar sobre esta cuestión.
Creemos que debe haber un debate sobre el papel de los jueces del Tribunal Supremo en nuestro sistema constitucional.
Con eso en mente, quería dedicar unos minutos a discutir el papel apropiado del Tribunal.
Antes de pasar a eso, me gustaría señalar que el Líder de la Minoría continúa con sus misivas diarias sobre la vacante del Tribunal Supremo. La mayoría de nosotros aquí tomamos lo que dice con un grano de sal. Así que no voy a perder el tiempo respondiendo a todo lo que dice. Sólo señalaré que esto es lo que dijo en 2005 cuando el otro bando estaba filibusterizando una serie de nominaciones a los tribunales de circuito, y unos meses antes de que filibusterizaran la nominación de Alito al Tribunal Supremo:
«Los deberes del Senado se establecen en la Constitución de EE.UU.. En ninguna parte de ese documento se dice que el Senado tiene la obligación de dar un voto a los candidatos presidenciales. Dice que los nombramientos se harán con el consejo y el consentimiento del Senado. Eso es muy diferente a decir que cada nominado reciba un voto».
Con eso, pasaré a hablar del papel apropiado de un juez bajo nuestra Constitución.
Sr. Presidente, parte de lo que hace de América una nación excepcional es nuestro documento fundacional. Es la Constitución escrita más antigua del mundo.
Creó una república que funciona, proporcionó estabilidad, protegió los derechos individuales y se estructuró de manera que las diferentes ramas y niveles de gobierno puedan resistir la invasión de sus áreas de responsabilidad.
Una Constitución escrita contiene palabras con significados fijos. La Constitución, y en muchos sentidos la nación, ha sobrevivido porque nos hemos mantenido fieles a esas palabras. Y nuestra república constitucional está salvaguardada, en última instancia, por un Tribunal Supremo que hace cumplir la Constitución y su texto.
Nuestra Constitución crea una república en la que el pueblo decide quién le gobierna y con qué reglas. El Tribunal Supremo sólo puede anular los deseos del pueblo cuando la Constitución prohíbe lo que los funcionarios elegidos por el pueblo han promulgado.
De lo contrario, las decisiones del Tribunal son improcedentes.
Dicho de otro modo, los jueces no tienen derecho a desplazar el proceso democrático con sus propias opiniones.
Donde la Constitución no dice nada, el pueblo decide cómo será gobernado. Esta característica fundamental de nuestra república es decisiva para preservar la libertad.
La tentación de aplicar sus propias opiniones en lugar de la Constitución siempre ha acechado a los jueces. Esto llevó a la decisión de Dred Scott. Llevó a derribar muchas regulaciones económicas a principios del siglo pasado.
Y los estadounidenses saben muy bien en las últimas décadas que el Tribunal Supremo ha hecho esto con regularidad.
El juez Scalia creía que para garantizar la objetividad y no la subjetividad en la toma de decisiones judiciales, la Constitución debe leerse según su texto y su significado original, tal y como se entendía en el momento en que se escribieron esas palabras.
La Constitución es ley, y tiene significado. De lo contrario, lo que el tribunal ofrece es simplemente política, disfrazada de derecho constitucional.
El juez Scalia escribió que el estado de derecho es una ley de reglas. El derecho NO es que los jueces lean sus propias preferencias políticas en la Constitución.
No es una prueba de equilibrio de múltiples factores desvinculada del texto. Todos sabemos que los jueces aplican estas pruebas de equilibrio para llegar a sus resultados políticos preferidos.
El tribunal no es, y no debería, participar en una Convención Constitucional continua diseñada para actualizar nuestro documento fundacional para ajustarse a las preferencias políticas personales de los jueces.
La Constitución no es un documento «vivo». El peligro de cualquier juez que se crea con derecho a «actualizar» la Constitución, es que siempre la actualizará para ajustarla a sus propias opiniones.
Ese no es el papel apropiado de un Juez. Como dijo el juez Scalia, «The-times-they-are-a-changin’ es una excusa débil para el desprecio del deber».
Ahora, cuando los conservadores dicen que el papel de los jueces es interpretar la Constitución y no legislar desde el banquillo, estamos afirmando una opinión tan antigua como la propia Constitución. Los Forjadores separaron los poderes del gobierno federal.
En el Federalista 78, Hamilton escribió: «La interpretación de las leyes es competencia propia y peculiar de los tribunales». Corresponde a los representantes elegidos, que son responsables ante el pueblo, hacer la ley. Corresponde a los tribunales interpretarla.
Estos puntos de vista sobre el papel judicial bajo la Constitución fueron una vez ampliamente sostenidos. Pero a partir del Tribunal Warren de los años 60, se impuso el concepto de que los jueces eran agentes de cambio para la sociedad. La democracia era desordenada y lenta. Era mucho más fácil para los jueces imponer su voluntad a la sociedad bajo el disfraz de la interpretación constitucional.
Actuar como una superlegislatura era mucho más poderoso que decidir casos leyendo el texto legal y el expediente.
Se impuso la opinión de que un juez podía votar sobre una cuestión jurídica igual que votaría como legislador. Tal vez los Forjadores subestimaron lo que el Federalista 78 llamó la «rama menos peligrosa», la que «no puede tomar ninguna resolución activa».
Desde los días del Tribunal de Warren, este enfoque activista ha sido común: derribar como inconstitucionales leyes que la Constitución ni siquiera contempla.
Ahora, para su crédito, el presidente Obama ha sido explícito en su opinión de que los jueces no están obligados por la ley.
Aunque suele defender de boquilla el papel tradicional, limitado y adecuado del tribunal para decidir los casos basándose en la ley y los hechos, siempre se apresura a añadir que en los casos difíciles, un juez debe mirar a su «corazón», o confiar en la «empatía».
El «estándar de empatía» del Presidente es completamente inconsistente con el deber judicial de ser imparcial. Pedirle a un juez que considere la empatía al decidir los casos es pedirle a un juez que resuelva basándose en su propia y personal noción de lo que está bien y lo que está mal, y no en la ley.
Como he dicho, todo el mundo sabe que este Presidente no va a cubrir la actual vacante. No obstante, el Presidente ha indicado que tiene la intención de presentar una candidatura.
Eso está bien. Está constitucionalmente facultado para hacer la nominación. Y el Senado tiene el poder constitucional de negar el consentimiento, como lo haremos.
Pero mientras debatimos el papel apropiado de la corte, y qué tipo de Justicia debe nominar el próximo Presidente, es instructivo examinar lo que el Presidente dice que está buscando en un candidato.
El Presidente dejó claro que su nominado, sea quien sea, no decidirá los casos sólo sobre la ley o la Constitución. Escribió que en «los casos que llegan a la Corte Suprema en los que la ley no es clara», el juez debe aplicar su «experiencia de vida».
Esto, por supuesto, no es más que una versión actualizada de la misma norma que ya hemos escuchado de este Presidente.
Es el estándar de la «empatía».
Por supuesto, un Juez que llega a decisiones basadas en la «empatía» o en la «experiencia vital» tiene un poderoso incentivo para leer cada caso como poco claro, por lo que tiene vía libre para apoyarse en sus «experiencias vitales» para llegar a resultados ‘justos’.
El presidente también dijo que cualquier juez que nominara tendría en cuenta «la forma en que afecta a la realidad diaria de la vida de las personas en una democracia grande y complicada, y en tiempos rápidamente cambiantes». Eso, creo, es un elemento esencial para llegar a decisiones justas y resultados equitativos.»
Con todo el respeto al Presidente, cualquier nominado que apoye este enfoque está defendiendo un papel ilegítimo para el tribunal.
No es legítimo que ningún juez aplique su propia visión personal de la justicia y la equidad.
Quizás lo más preocupante es la declaración del Presidente de que cualquier nominado suyo debe «llegar a decisiones justas y resultados equitativos». Esa es la definición misma de un juicio orientado a los resultados. Y va en contra de que un juez sea un tomador de decisiones justo, neutral y totalmente objetivo en cualquier caso particular.
Un juez debe cuestionar los supuestos y aplicar un escrutinio riguroso a los argumentos que presentan las partes, como hizo el juez Scalia.
Según el enfoque del Presidente, un Juez siempre «llegará» al punto de partida.
Eso no es juzgar. Eso es un superlegislador con bata negra.
En nuestra historia, lamentablemente, hemos tenido jueces que abrazaron esta concepción. El presidente de la Corte Suprema Warren fue famoso por preguntar: «¿Es justo? Es justo?» sin ninguna referencia a la ley, cuando votaba.
Todo el mandato del juez Scalia en el Tribunal se dedicó a acabar con este enfoque erróneo e impropio.
En realidad, un juez no tiene más derecho a obligar a otro estadounidense a adherirse a sus propios puntos de vista morales o experiencias vitales, que cualquier otro estadounidense corriente.
La imposición de tales prejuicios personales somete a los ciudadanos a decretos de lo alto que no pueden cambiar, salvo mediante una enmienda constitucional. Y esos decretos son impuestos por funcionarios a los que no pueden expulsar del cargo.
Esta no es la república constitucional que crearon los Forjadores.
El pueblo estadounidense merece la oportunidad, durante este año electoral, de opinar sobre si nuestro próximo juez debe aplicar el texto de la Constitución o, por el contrario, si un juez debe confiar en sus propias «experiencias vitales» y en su sentido personal del bien y el mal para llegar a «decisiones justas y resultados equitativos».
Los republicanos del Senado se asegurarán de que al pueblo estadounidense no se le niegue esta oportunidad única e histórica.