Desde que asumió el cargo el 30 de junio de 2016, el presidente filipino Rodrigo Duterte ha llevado a cabo una «guerra contra las drogas» que ha provocado la muerte de más de 12.000 filipinos hasta la fecha, en su mayoría pobres urbanos. Al menos 2.555 de los asesinatos se han atribuido a la Policía Nacional de Filipinas. Duterte y otros altos funcionarios han instigado e incitado los asesinatos en una campaña que podría equivaler a crímenes contra la humanidad.
La investigación de Human Rights Watch ha descubierto que la policía está falsificando pruebas para justificar los asesinatos ilegales. A pesar de los crecientes llamamientos para que se lleve a cabo una investigación, Duterte ha prometido continuar con la campaña.
La violencia extrajudicial a gran escala como solución al crimen fue una marca de los 22 años de mandato de Duterte como alcalde de la ciudad de Davao y la piedra angular de su campaña presidencial. En la víspera de su victoria electoral del 9 de mayo de 2016, Duterte dijo a una multitud de más de 300.000 personas: «Si llego al palacio presidencial, haré lo mismo que hice como alcalde. Vosotros, traficantes de drogas, asaltantes y vividores, será mejor que os vayáis porque os mataré».
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